El número 2 de Interior, implicado en el 'caso Faisán' del chivatazo a ETA
Según ha adelantado Onda Cero es el usuario de uno de los teléfonos móviles que ha pedido el juez que se identifiquen.
Onda Cero | Madrid | Actualizado el 01/02/2011 a las 22:00 horas
El teléfono que empieza por 686 y termina en 13 es uno de los teléfonos que ha ordenado este martes identificar el juez del 'caso Faisán' y que pertenece al Secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho, según han confirmado a Onda Cero fuentes de la investigación.
Este número de teléfono móvil, fue apartado de la investigación, no estuvo incluido en el informe policial y según el juez hubo un lapso temporal interesado para que precisamente ese teléfono no apareciera en las diligencias.
El 686 terminado en 13 tiene titularidad de la Subsecretaría del Ministerio del Interior, (al igual que todos los teléfonos móviles del ministerio, ya que la subsecretaría es la encargada de recursos humanos, personal y material del Ministerio) pero ese número en concreto estaba asignado al Secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho.
Desde dicho teléfono se realizaron varias llamadas con los ahora imputados en la causa entre los días 3 y 6 de mayo, es decir, el día antes del chivatazo a ETA y hasta dos días después. Llamadas que luego se reprodujeron hasta el mes de septiembre
En concreto y según el relato de las acusaciones y que ha hecho suyo el fiscal, y este martes el juez, el intercambio de llamadas se produce entre los imputados y estos a su vez con los teléfonos prepago cuyas llamadas se localizaron en los alrededores del Bar Faisan el día antes del chivatazo: en concreto a las 22.00 horas del 3 de mayo, una llamada cuya duración es de 11 minutos y 5 segundos. Luego a las 22.50, a las 22.52, a las 23.06 y así hasta 16 llamadas entre enviadas y recibidas, la noche antes de que se avisara a ETA de que iban a ser detenidos y hasta dos días después del chivatazo
Los otros dos teléfonos móviles, según las mismas fuentes pertenecen a un comisario del CNP asesor de la Secretaría de Estado de Seguridad, y el teléfono fijo del Ministerio del Interior.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el sumario ha ordenado este martes que se identifique a los usuarios de dichos teléfonos móviles. El siguiente paso del juez será decidir sobre la citación de estos, o como testigos o como imputados, entre los que se encuentra, el secretario de Estado de Seguridad.
La reactivación de la investigación del «caso Faisán» se materializó ayer con un auto (es el segundo) en el que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordena nuevas diligencias, entre ellas la citación de tres testigos (todos ellos miem...bros del Cuerpo Nacional de Policía) y la identificación de los usuarios de tres números de teléfono, adscritos a la Subsecretaría del Ministerio del Interior, desde los que se hicieron distintas llamadas a los tres imputados en la causa. Uno de ellos es un móvil que pertenece al secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. Éste mantuvo varias conversaciones telefónicas con el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo (imputado), antes, durante y después de que se produjera el chivatazo. Estas pruebas fueron solicitadas por Dignidad y Justicia y la AVT.
El instructor considera que la identificación de los usuarios de los tres teléfonos citados es necesaria «en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados así como a la averiguación de la identidad de todas las personas que hubieren podido participar» en los mismos. Ruz investiga el chivatazo que, en mayo de 2006, obligó a retrasar la desarticulación de la red de extorsión que operaba en el bar «Faisán» de Irún.
La gravedad de los delitos investigados —revelación de secretos y colaboración con banda armada— justifica en este caso, según el juez Ruz, la intromisión en el derecho fundamental a la intimidad que puede suponer la identificación de los usuarios de los tres teléfonos. Y resulta preciso aclarar, añade, la «real significancia (sic)» de la aparición de esos números en el tráfico de llamadas de los tres imputados en la fecha de los hechos (3 y 4 de mayo). Una vez identificados los usuarios, el juez valorará si deben ser citados como testigos.
El juez ha citado a declarar a tres funcionarios de la Policía el próximo día 8. Se trata del que fuera comisario jefe accidental de la UCI con el fin de que «ratifique» los informes que él mismo ha presentado en el «caso Faisán»; el comisario provincial de San Sebastián en la fecha de los hechos; y el entonces jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, previa averiguación de si su número de placa es el 75.031, en cuyo caso ya figuraría como citado en la resolución dictada por Ruz el pasado 24 de enero.
Informe a Asuntos Internos
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía tiene un plazo de cinco días para poner en conocimiento del Juzgado si emitió algún informe sobre la actuación de los agentes asignados al operativo que debía detener a los extorsionadores etarras «que no obrare entre los ya aportados a la presente causa». El juez pregunta al director adjunto operativo en qué fechas los agentes que han investigado el chivatazo fueron adscritos a Asuntos Internos.
El «número dos» de la Policía también deberá informar al juez Ruz si se comisionó a uno de los agentes imputados a desplazarse a Irún pese a ser su demarcación la de Álava. El magistrado pregunta si existió un «parte de orden de servicio» y, en caso de no haberlo, solicita que se aporte el «protocolo de actuación policial» que justifique la salida de un funcionario policial de su zona.
El instructor, a petición de una de las defensas, pide una ampliación de la pericial telefónica para que se concrete si con los medios técnicos disponibles en mayo de 2006 los repetidores de telefonía móvil identificaban «zonas de ubicación donde se encontraba activo un teléfono» o «puntos exactos», como sucede en la actualidad con el sistema Sitel y el GPS.
Ruz también acuerda, a petición del fiscal, una ampliación de la pericial referida a los repetidores.
El instructor considera que la identificación de los usuarios de los tres teléfonos citados es necesaria «en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados así como a la averiguación de la identidad de todas las personas que hubieren podido participar» en los mismos. Ruz investiga el chivatazo que, en mayo de 2006, obligó a retrasar la desarticulación de la red de extorsión que operaba en el bar «Faisán» de Irún.
La gravedad de los delitos investigados —revelación de secretos y colaboración con banda armada— justifica en este caso, según el juez Ruz, la intromisión en el derecho fundamental a la intimidad que puede suponer la identificación de los usuarios de los tres teléfonos. Y resulta preciso aclarar, añade, la «real significancia (sic)» de la aparición de esos números en el tráfico de llamadas de los tres imputados en la fecha de los hechos (3 y 4 de mayo). Una vez identificados los usuarios, el juez valorará si deben ser citados como testigos.
El juez ha citado a declarar a tres funcionarios de la Policía el próximo día 8. Se trata del que fuera comisario jefe accidental de la UCI con el fin de que «ratifique» los informes que él mismo ha presentado en el «caso Faisán»; el comisario provincial de San Sebastián en la fecha de los hechos; y el entonces jefe del Grupo VIII de la Brigada Provincial de Información de San Sebastián, previa averiguación de si su número de placa es el 75.031, en cuyo caso ya figuraría como citado en la resolución dictada por Ruz el pasado 24 de enero.
Informe a Asuntos Internos
La Unidad de Asuntos Internos de la Policía tiene un plazo de cinco días para poner en conocimiento del Juzgado si emitió algún informe sobre la actuación de los agentes asignados al operativo que debía detener a los extorsionadores etarras «que no obrare entre los ya aportados a la presente causa». El juez pregunta al director adjunto operativo en qué fechas los agentes que han investigado el chivatazo fueron adscritos a Asuntos Internos.
El «número dos» de la Policía también deberá informar al juez Ruz si se comisionó a uno de los agentes imputados a desplazarse a Irún pese a ser su demarcación la de Álava. El magistrado pregunta si existió un «parte de orden de servicio» y, en caso de no haberlo, solicita que se aporte el «protocolo de actuación policial» que justifique la salida de un funcionario policial de su zona.
El instructor, a petición de una de las defensas, pide una ampliación de la pericial telefónica para que se concrete si con los medios técnicos disponibles en mayo de 2006 los repetidores de telefonía móvil identificaban «zonas de ubicación donde se encontraba activo un teléfono» o «puntos exactos», como sucede en la actualidad con el sistema Sitel y el GPS.
Ruz también acuerda, a petición del fiscal, una ampliación de la pericial referida a los repetidores.
Pero si no llama a Camacho esto se va a quedar en culpar a cuatro funcionarios, no lo veo nada claro. Esperemos que el recurso vaya mejor, sino tendremos otro 11M, un paripé para que no se diga que no se investigó, Saludos.
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